Entre  los principales  problemas  que  afectan  al sector  del transporte nos encontramos los plazos de pago excesivamente amplios y la morosidad en el pago de deudas contractuales. Esta situación deteriora la rentabilidad de las empresas, produciendo efectos especialmente negativos en la pequeña y mediana empresa.

La  Unión  Europea,  consciente de  esta problemática,  ha  venido  intentando  a  través de  Recomendaciones  y  Directivas establecer un conjunto de medidas tendentes, de una parte, a impedir que plazos de pago excesivamente dilatados sean utilizados para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, y, de otra, a disuadir los retrasos en los pagos, erradicando las causas por las que en la actualidad la morosidad puede resultar ventajosa económicamente para los deudores.

En España estas medidas se establecen a través de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Desde su promulgación ha sufrido diversas modificaciones.

Esta Ley  tiene por objeto  combatir la morosidad  en el  pago  de deudas  dinerarias  y el abuso,  en perjuicio del acreedor, en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de  bienes  o  a  la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley:

1.- Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores.

2.- Los intereses  relacionados  con la  legislación  en materia  de cheques,  pagarés  y letras  de  cambio  y  los pagos  de indemnizaciones por daños, incluidos los pagos por entidades aseguradoras.

3.- Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor, que se regirán por lo establecido en su legislación especial.

Plazo de pago

El plazo  de pago  que debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato, será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.

Si legalmente o  en el contrato  se ha  dispuesto un  procedimiento  de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación.

Los plazos de pago indicados podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales.

Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días, mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha.

Devengo de intereses de demora

El obligado al pago de la deuda dineraria  surgida como  contraprestación  en operaciones  comerciales  incurrirá  en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por la Ley 3/2004 automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor.

Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora.

El acreedor tendrá derecho a intereses de demora cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

1.- Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.

2.- Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso.

En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas.

Interés de demora

El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y,  en defecto de pacto, el  tipo legal que se establece en el apartado siguiente.

El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales.

Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta.

El tipo legal de interés de demora, determinado conforme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación.

El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior. Actualmente para el primer semestre de 2017 el interés de demora es el 8%.

Indemnización por el coste del cobro

Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal.

Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior.

El deudor no estará obligado a pagar la indemnización cuando no sea responsable del retraso en el pago.

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